Balance 2016

La presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), Ángela de Miguel, ha abogado por mantener en 2017 la moderación salarial “que tan positiva se ha demostrado en estos años” y ha reclamado una apuesta por las empresas locales como fórmula para prevenir casos de deslocalizaciones similares a los experimentados en 2016 en Lauki, Dulciora, SADA o Lex Nova.

Así lo ha defendido este martes en un desayuno informativo en el que ha realizado balance del ejercicio pasado y ha mostrado las expectativas de la patronal provincial de cara al año que comienza.

Respecto a los salarios, ha recordado que “por cada 100 euros que percibe un trabajador, la empresa paga 160”, por lo que ha insistido en que aunque el montante final que percibe el empleado “pueda ser bajo”, el empleador “no paga poco” y ha asegurado que en materia de impuestos abonados por el empresario, España se ve superada “sólo por Francia”.

Ante esto, ha abogado por cambiar el modelo, de tal forma que la política impositiva “recaiga al final de la cadena de valor y no al principio”, pues esto “resta competitividad” a las empresas españolas en el exterior.

Además, ha criticado la “errática” política gubernamental sobre tributos como el Impuesto de Sociedades que “cambia las reglas a mitad del partido” y “dificulta las inversiones” por la “imposibilidad de hacer previsiones a largo plazo”. “La inseguridad jurídica frena el desarrollo económico”, ha sentenciado la responsable de la CVE, quien se ha mostrado “muy preocupada” por esta cuestión.

En declaraciones recogidas por Europa Press, De Miguel ha defendido el “arraigo” de la empresa local sobre el de la multinacional, por lo que ha pedido a las instituciones que dirijan sus esfuerzos hacia este colectivo, si bien ha advertido de que Valladolid “debe ser atractiva” para que las empresas de fuera opten por ella frente a otros destinos, razón por la cual “es necesario trabajar” para ganar competitividad.

REMUNICIPALIZACIÓN DEL AGUA

Sin dejar el ámbito local, la presidenta de la CVE se ha referido a la decisión adoptada en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid del pasado viernes de remunicipalizar el servicio de abastecimiento de agua, una medida que ha lamentado porque, a su juicio, “no traerá mejoras” a los ciudadanos, que “ya disfrutaban de una de las aguas más baratas de España con un servicio de calidad”, y sí puede acarrear “algún perjuicio”. “Es una mala noticia, cuando algo funciona bien no hay que cambiarlo”, ha subrayado.

Respecto al año concluido, De Miguel ha defendido los datos económicos relativos a Valladolid frente al conjunto del país, con una tasa de paro del doce por ciento, 4.500 empleos creados y crecimiento económico “por primera vez sin la aportación del sector de la construcción”.

Ángela de Miguel ha señalado también que la recuperación económica “se ve reflejada en el consumo y en la industria”, a pesar de lo cual ha advertido de la caída de la licitación pública y de su importancia a largo plazo en la economía.

En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza, la líder de los empresarios vallisoletanos ha destacado que la provincia se sitúa en el 18,5 por ciento, casi cuatro puntos por debajo de la media española, al hilo de lo cual ha insistido en que “la mejor política social es la creación de empleo”, por lo que ha ensalzado el “esfuerzo” de las empresas y ha pedido más apoyo para ellas en un país donde “la mayoría son pymes y autónomos”.

En este sentido, ha agradecido las actuaciones en la materia llevadas a cabo tanto por el Ayuntamiento de la capital como por la Diputación Provincial, con los que colabora en proyectos como 56 planes de empresas sacados adelante el pasado año, 290 intervenciones dentro del programa de transferencia de negocios o el desarrollo del proyecto Red para que las empresas compartan sinergias.

También ha defendido el papel del nuevo Servicio de Relaciones Laborales (Serla) implantado en Castilla y León, que supone “un ahorro enorme en tiempo y dinero” tanto a trabajadores como empresarios e instancias judiciales. Así, ha recordado que frente a los 70 millones que cuestan anualmente los procesos judiciales de índole laboral en la Comunidad, el Serla –el cual ha conseguido resolver el 60 por ciento de los contenciosos con una media de 13 días– tiene un coste de tan sólo 1,5.

ABSENTISMO LABORAL

En materia de absentismo laboral, Ángela de Miguel ha alertado de que se encuentra “en aumento” y ha criticado el “abuso” que “unos pocos” hacen de un sistema “muy garantista”. “Este fraude lo pagamos todos”, ha insistido, tras lo que ha recordado que cada año le cuesta a la Seguridad Social 5.500 millones de euros y a los empresarios, 4.800.

Asimismo, ha instado a la Administración a perseguir el fraude “en la economía sumergida” más allá de “acribillar” a las sociedades y autónomos dados de alta en el sistema, sobre lo cual ha puesto como ejemplo el uso de fincas privadas para la celebración de bodas que supone “una competencia desleal” para el sector de la hostelería regulado.

HORARIOS Y CONCILIACIÓN

La presidenta de la CVE ha recordado la importancia de la flexibilidad frente al intento de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de equiparar horarios con el resto de Europa y favorecer que la jornada laboral concluya a las 18.00 horas. “A la hora de conciliar, todas las medidas deben consensuarse”, ha subrayado para después defender que para que las empresas puedan aplicar estas medidas es preciso que primero “cambie la cultura de horarios del país, comenzando por el ‘prime time’ televisivo”.

“Muchas veces demandamos una cosa como trabajadores y otra como clientes, pero las empresas no pueden ir en contra de toda una cultura horaria”, ha concluido.

De cara a 2017, ha augurado un crecimiento menor que el conseguido en 2016 y ha advertido de la necesidad de que despegue el “demonizado” sector de la construcción para contribuir al PIB, tras lo cual ha lamentado que la incertidumbre por la ausencia de Gobierno haya hecho perder al país “inversiones” que podían haber recaído “en el país que más crecía”.

Autor: cve

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